Absentismo: ¿Llega la hora de la Política?

Tras más de 20 años trabajando en el ámbito del absentismo, parece que ha llegado el momento en que este fenómeno entra de lleno en el debate político.

Y, sinceramente, más que satisfacción, me genera preocupación.

Me preocupa la simplificación con la que se está abordando el problema. Da la sensación de que el absentismo se explica únicamente por trabajadores que prolongan fraudulentamente una baja o que directamente la simulan.

Sin embargo, reducir un fenómeno tan complejo a esa explicación es una banalización y craso un error.

Las últimas propuestas que he escuchado apuntan a fijar objetivos a los médicos o eliminar complementos salariales durante la incapacidad temporal. En otras palabras: existe un problema costoso para el sistema y, por tanto, que lo asuman económicamente los médicos y los trabajadores.

A mi juicio, ese es un diagnóstico excesivamente simplista.

Lo cierto es que la Administración ya dispone de margen para actuar sin necesidad de nuevas regulaciones:

✅ Reforzar los recursos de inspección médica.

✅ Poner inspectores para revisar mensualmente las bajas junto con los médicos.

✅ Reducir los tiempos de respuesta de las inspecciones, no puede llegarse siempre a los 18 meses.

✅ Agilizar el reconocimiento de incapacidades permanentes cuando realmente procedan, y evitar tanta judicialización.

✅ Obligar a la aceptación de informes médicos realizados fuera del sistema público.

✅Eliminar la duración estimada del parte del trabajador.

Antes de legislar en caliente, quizás deberíamos preguntarnos si hemos agotado todas las posibilidades de mejora del propio sistema.

Porque el debate no debería centrarse únicamente en trabajadores o empresas. También debería centrarse en las ineficiencias estructurales que todos conocemos.

Si más del 90% de los casos no tienen relación con el fraude, ¿por qué seguimos poniendo el foco principal en ese porcentaje minoritario?

¿De verdad consideramos normal esperar meses para determinadas pruebas diagnósticas, tratamientos o valoraciones especializadas?

Y ya que hablamos de posibles nuevas soluciones, ¿por qué no incentivar fiscalmente a aquellas empresas que invierten en la salud de sus profesionales con el art 20.4 del E.T? Muchas organizaciones adelantan pruebas médicas, diagnósticos o tratamientos para reducir tiempos de espera y favorecer una recuperación más rápida. Quizás ese tipo de iniciativas deberían ser impulsadas y reconocidas, no ignoradas.

Personalmente, prefiero un país que proteja a las personas con problemas reales de salud, mientras controla y persigue los abusos allí donde existan.

No parece una meta tan difícil.

Porque, en el fondo, la pregunta es sencilla: ¿Queremos decir que somos una empresa saludable o realmente queremos serlo?

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